Adriana Marcela Cabezas Mora es Magíster en Ciencias Políticas y Politóloga de la Universidad del Tolima. Su interés de investigación reside en procesos de participación y representación de minorías políticas y étnicas, movimientos sociales, ingeniería electoral , dinámica del sistema político, institucionalización del sistema de partidos y análisis de coyuntura. Participa como columnista del diario mexicano E-consulta, Educación Contra-Corriente y en la Pipa.co.
Las
encrucijadas de la “representación indígena”.
Bastantes han sido los
escándalos sucedidos en torno a los partidos y candidatos indígenas que desde
el congreso harían las veces de canales de representación de los intereses de
las comunidades indígenas en territorio colombiano. Hechos como la condena del
senador y dos veces concejal de Bogotá Francisco Rojas Birry a razón de
enriquecimiento ilícito, la demanda interpuesta por Marco Aníbal Avirama a un
indígena por una curul, y, recientemente la posible destitución del senador
Abel David Jaramillo a razón de irregularidad en celebración de contratos
públicos invita a pensar sobre ¿cuál es el papel de los congresistas indígenas
a dos décadas del reconocimiento de la circunscripción especial?
La representación de
grupos minoritarios es una de las demandas más relevantes en la agenda política
de diversos países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador, México y Colombia son una
muestra del llamado fenómeno de la “llegada indígena a la arena
político-electoral” característico en la década del noventa y hoy uno de los
temas más estudiados.
Aunque cada país
presenta problemáticas particulares confluyen grosso modo en dos eventos: el
movimiento indígena ha sido sobresaliente en términos de organización y lucha
social, mientras que la reforma electoral ha sido el bastión mediante el cual
los gobiernos en turno reconocen la participación indígena –aunque sea
mínimamente- en espacios político institucionales.
Así las cosas, y con el
ánimo de acentuarme en la experiencia de la participación política indígena en
Colombia, por ser ésta una de las más renombradas en la región, sobre todo por
la relación porcentual poblacional (estimada en el 2,3% del censo nacional) y
las sillas reservadas en el congreso (2 en cámara alta y 1 en cámara baja) –
significativa en comparación con otros grupos, hay que decir que ésta ha
presentado virtudes como defectos, al tiempo que la agenda representativa
“indígena” resulta bastante cuestionada hoy día.
Si bien es cierto, la
participación de minorías étnicas constituye un nodo importante en las
democracias contemporáneas en la medida que la apertura de nuevos escenarios
participativos repercute positivamente en el ethos democrático; éste fenómeno posee dos caras. Por un lado, se
transita de una estructura estatal monolítica a una más pluralista –algo
positivo a claras luces-, y por el otro, los representantes y partidos étnicos
ven allí el “caballito de batalla” mediante el cual popularizan el discurso
reivindicativo y a su vez hacen de las suyas una vez en el poder.
Lo primero vendría a
revitalizar la democracia en Colombia had
portas de sucumbir ante la violencia política y social que le caracteriza,
mientras que lo segundo afecta a claras luces las “buenas intenciones” de la
circunscripción especial indígena, así como el espíritu democratizador de la
constituyente de 1991.
Son
diversos los hechos que invitan a cuestionarse si ¿la representación indígena
institucional sirve, o, si por el contrario tal mecanismo esta caduco y es
tiempo de pensarse otra cosa?
Diversos eventos
evidencian claramente las contradicciones de la participación electoral
indígena. La popularidad creciente del senador, concejal y constituyente
Francisco Rojas Birry que en la cúspide de su carrera fue condenado por
enriquecimiento ilícito tras haber recibido dineros de la pirámide DMG en el
2012, delito que catapulto su vida pública.
A su vez, vuelve a
sonar la posibilidad de aplicar “silla vacía” al también representante indígena
Abel David Jaramillo, debido al proceso judicial pendiente con las autoridades
tras ejercer la alcaldía del municipio de Rio sucio por irregularidades
presentadas en un contrato público por valor de $165 millones de pesos.
De otra manera, y en un
hecho no menos sonado, la disputa entre candidatos indígenas por la curul del
senado en el 2014 por el no cumplimiento de la edad reglamentaria por parte del
ganador; lo cierto es que el senador Marco Avirama se quedó con la curul al
tiempo. Situación que evidencia el grado de disputa al interior de
organizaciones y partidos indígenas más ocupados en hacerse con puestos
públicos que en debatir una agenda indígena, un tanto desfigurada.
Bajo este escenario, y
en vista de que el arribo de minorías étnicas y sociales de diversa índole a la
esfera político-electoral constituye el pan de cada día en las democracias
liberales - ¿pos-liberales? -, caso de los afrodescendientes, los
ambientalistas, la diversidad sexual, etc.; es necesario contemplar si, los
beneficios otorgados a minorías especificas contribuye más bien a que ciertos
actores usen el discurso reivindicativo para hacerse con el poder y una vez
allí dejar de lado el espíritu representativo que les condujo.
En el caso colombiano
asistimos hoy a una especia de “prostitución” de las organizaciones indígenas,
más preocupadas por otorgar avales a diestra y siniestra y postular candidatos
por fuerzas políticas tradicionales, - de las que otrora renegaban-, que en
cumplir con el mandato imperativo de sus electores primarios.
Por último y a la luz
de los acontecimientos referidos sobre figuras políticas indígenas, la
inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas accountability cala en el oportunismo de algunos senadores que hoy
se encuentran entre la espada y la pared, mientras el escarnio público hace de
las suyas con lo poco que queda de la “virtuosidad” de la llegada indígena a la
arena electoral colombiana, misma que se hace notoria también en cuanto apoyo
electoral.
Entonces,
mientras algunos senadores y congresistas harán su labor otros vilipendian
constantemente uno de los logros más notables de la constituyente del 91:
orgullo del gobierno en turno y esperanza de un país cuasi-fallido en ese
entonces.
Por tal, y con ánimos
de dar continuo a la problemática ¿qué les queda a las comunidades indígenas en
Colombia?: Continuar eligiendo a candidatos que prometen representar los
intereses sentidos de éstas comunidades- múltiples y muy diversas social y
culturalmente-, o más bien revitalizar y continuar por el camino de propias
estructuras para el ejercicio de lo político y la política desde su cosmovisión
particular (…)
A la par, ¿Cuál será el
camino de la institucionalidad?: Aumentar el número de sillas reservadas,
minimizarlos o quizás reglamentar unos mínimos para que el indígena que asuma
el papel de representante de su pueblo haga lo que tenga que hacer, ya que, a
juicio de diversos teóricos “(…) la burocracia es un mal, pero un mal
necesario”. Sin duda, tal situación devela lo que muchos desean aun ocultar:
los límites y contradicciones de la democracia misma.
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